En representación de Argentina participan las Ministras Susana Malcorra y Patricia Bullrich, y por el Congreso, el grupo de legisladores que habían participado en la audiencia preparatoria de febrero, Margarita Stolbizer y Alejandro Grandinetti, a los que se agregaron Victoria Donda, Diego Bossio, Luis Petri, Óscar Romero.
La Asamblea de los Estados aprobó el primer día el documento propuesto por la Comisión de Estupefacientes que se había consensuado el mes pasado en Viena. Si bien no se avanza en reformar las Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, se ha decidido flexibilizar la interpretación de su texto para incorporar una perspectiva de los derechos humanos, la prevención y la atención del problema sanitario de los adictos.
Se ha generalizado la posición sobre el fracaso que ha tenido en estos años la llamada “guerra contra las drogas” y la necesidad de desmilitarizar el enfoque para luchar de manera más eficaz, promoviendo la cooperación internacional.
Los participantes también sostuvieron reuniones bilaterales con distintos funcionarios de los organismos multilaterales y de otros países y se distribuyeron en las cinco mesas que deliberaron de manera paralela a la Asamblea General.
Margarita Stolbizer participó en la Mesa 5 sobre “Desarrollo alternativo, cooperación regional, interregional e internacional sobre políticas balanceadas de control de drogas orientadas al desarrollo, abordando los asuntos socioeconómicos”. Dicha comisión trataba sobre la situación de las poblaciones vulnerables que viven de la producción de cocaína y otras sustancias consideradas ilegales y el reclamo de sus representantes para no ser considerados delincuentes sin pensar en los aspectos medicinales y en las fuentes de trabajo, posición de Perú, Bolivia, Myanmar, entre otros.
Allí la diputada sostuvo en una intervención muy aplaudida:
“Incorporar la perspectiva de los derechos humanos es vincular las estrategias frente a las drogas, con la educación, la salud y principalmente con el trabajo, por el valor humano personal y social. Por eso lo importante es atacar la economía del negocio de los poderosos. Y también incluir en las estrategias del desarrollo alternativo, a las poblaciones urbanas en las que los grupos más vulnerables, mujeres, que son usadas como mulas para el transporte de la droga, o niños reclutados en la marginalidad como vendedores de los narcotraficantes. También las poblaciones urbanas sufren esta situación que debe ser abordada con una mayor presencia del estado. Es necesario fortalecer al estado en su presencia territorial, con infraestructura social, educativa, sanitaria, productiva. Y un estado que se ocupe de atacar a los sectores poderosos que manejan el sistema financiero, para garantizar cuevas, secretos y lavado de dinero pero que están lejos de los pobres, por ejemplo para que estos puedan acceder al crédito o a mejores servicios. Un problema que deben abordar los estados es la precariedad de la economía doméstica y comunitaria. Porque eso dificulta avanzar en el desarrollo de alternativas. Hay que crear las condiciones para ese desarrollo de alternativas, y deben hacerlos los estados. Pero para mejorar la situación de los más pobres hay que pensar en tocar algunos intereses de los más poderosos. No se puede ser voluntarista. Es necesario discutir la efectividad de las políticas frente a las drogas”.