Retroceso en la protección de los trabajadores

27 de Octubre – REFORMA A LA LEY DE LAS ART – Por Omar Duclós (Dip. Nac. GEN/FAP) –

El miércoles asistimos a la sanción de la Ley más anti obrera de la última década, que regula la cobertura de los riesgos del trabajo y que junto con la decisión del Gobierno Nacional de no actualizar el mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias, constituyen contradicciones manifiestas respecto al discurso oficial del llamado Proyecto Nacional y Popular.

La ley que se modifica (24.557) fue sancionada en la estigmatizada década del 90 creando el sistema de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional brindaban una indemnización tarifada, sin que originalmente el trabajador pudiera reclamar ante la justicia el resarcimiento integral. Distintos Tribunales del Trabajo primero y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 2004 ponen las cosas en su lugar , declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma, habilitando lo que se ha conocido como la doble vía para obtener el resarcimiento: la posibilidad de percibir la indemnización tarifada de la ART y en caso de considerarla insuficiente concurrir a la justicia para obtener la cobertura de la diferencia y de esa manera acceder al resarcimiento integral como cualquiera reclama ante todo daño ( ej. accidentes de tránsito).

De manera que desde entonces se generó la necesidad de adaptar la legislación al criterio jurisprudencial de la Corte, pero lamentablemente a pesar de la multiplicidad de proyectos presentados por distintos bloques legislativos, el Gobierno Nacional recién habilita el tratamiento del tema enviando al Congreso un proyecto aprobado rápidamente, que en lugar de producir dicha adecuación, mantiene el sistema de indemnización tarifada y si bien establece su actualización periódica, exige al trabajador optar entre la misma o el reclamo judicial, es decir si acepta aquella no podrá reclamar la diferencia cuando la considere insatisfactoria como hasta la actualidad lo podía hacer; mientras que si opta por iniciar juicio deberá hacerlo ante la justicia civil, quitando la competencia al fuero natural laboral, imbuido de los principios protectorios del derecho del trabajo.

Asimismo, se destacan dos situaciones que mantiene la nueva norma, las Comisiones médicas y los listados taxativos de enfermedades. Ello significa un claro perjuicio a los trabajadores en el reclamo de su reparación y también implica una limitación a la capacidad de los jueces para determinar cuando estamos frente a una incapacidad derivada de una enfermedad y cuando se trata de una enfermedad en ocasión de la relación de trabajo. Seguramente será la Corte la que nuevamente tenga que resolver la tremenda injusticia de someter al trabajador a la renuncia de su derecho, francamente contradictorio con el carácter irrenunciable de los derechos laborales. Ello considerando que la opción que se impone al trabajador debe ejercerla generalmente en medio del estado de necesidad que le genera el accidente o enfermedad y el sostenimiento de su familia.

Además de la regresión en materia de reparación del daño laboral, resulta aún más preocupante que no se haya aprovechado el tratamiento legislativo para avanzar en el fortalecimiento de las estrategias de prevención para evitar tantos accidentes, que en muchos casos de producen por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Una vez más, el kirchnerismo relata progresismo pero asume decisiones neoconservadoras. Como muestra de a quién beneficia la nueva Ley, recordemos que el proyecto fue anunciado por la Presidenta de la Nación en la cena anual por el día de la Industria bajo el aplauso fervoroso de los dirigentes de la UIA y en concordancia con ello el Frente para la Victoria votó su aprobación junto con el PRO en la Cámara de Diputados, mientras desde el FAP como los demás bloques de la oposición vitamos por el rechazo.

Share Button

Artículos relacionados

Publicado en Novedades