LOS ALTOS FUNCIONARIOS IMPUTADOS DEBEN RENDIR CUENTAS EN EL CONGRESO

Como si no hubieran sido suficientes el terror y el horror sufridos en aquella mañana del 18 de julio de 1994, la semana pasada nos vimos obligados a remover una vez más esos escombros. Y como en aquel momento, por debajo de este nuevo cuerpo, muere algo de nosotros, de nuestra historia, de nuestra cultura, instituciones y valores.

Margarita StolbizerPor Margarita Stolbizer, Diputada nacional y Presidenta Partido GEN

Un poco de cada una de esas cosas se lleva la vida del fiscal Alberto Nisman, con una cantidad de dudas y certezas que seguro acompañaron su investigación sobre el atentado a la mutual israelita. ¿También algunos secretos? Sin embargo, su vida se truncó justamente cuando había tomado la valiente decisión de dar estado público a lo estudiado en mucho tiempo.

La muerte conmueve, impacta, duele. Pero el homenaje justamente hoy no puede ser el silencio. Más que nunca esta muerte necesita de la luz y la palabra. Debe garantizarse una investigación exhaustiva, trasparente sobre el mismo hecho, pero esto no ha de perdernos la vista de lo profundo, de la verdadera causa de la muerte: la convicción de Nisman sobre las responsabilidades políticas en la elaboración de un plan criminal para “dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina con competencia en el caso”. Para el Fiscal, “esa confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Considerando además que la gravedad sobreviene por tratarse del encubrimiento de un delito (el atentado terrorista contra la sede de la AMIA), que ha sido declarado de lesa humanidad y calificado como genocidio por el juez de la causa.

Mucho se ha manifestado en estas horas sobre la consistencia o la debilidad de la acusación y de las pruebas y, si bien es cierto que cada una de esas cuestiones es opinable y materia de una investigación que recién estaría por comenzar, las evidencias existentes y la realidad concreta de los hechos, han puesto al gobierno en una situación de extrema debilidad de la que solo atina a salir con el contraataque, la fabulación o la indiferencia. Lo ha hecho la Presidenta de la Nación de la peor manera, no haciéndose cargo, no sintiendo que debe rendir a los argentinos ninguna explicación. Solo ha atinado a hacer comentarios o demandas como quien se encuentra afuera de la escena.

Resulta llamativo y preocupante escuchar (o leer) que la Presidenta se queja por la acción de la custodia del Fiscal, o que reclama protección para otros. Es ella misma la jefa del estado de quien dependen todas las fuerzas de seguridad, las que debiendo cuidar no lo hicieron y las que debiendo obedecer es sobre todo a Ella.

El Fiscal apareció muerto cuando se preparaba para llevar al Congreso los fundamentos y pruebas de su denuncia. Por eso, es imprescindible que los altos funcionarios imputados en ella, rindan ante las Cámaras legislativas las explicaciones que se les requieran. Entre otras razones, porque ha sido en este ámbito donde se ha consumado en gran medida, el pacto de impunidad con los principales sospechosos identificados por la justicia nacional a la que se quiso apartar de la investigación creando junto con Irán una Comisión de la Verdad para fabricar una nueva verdad, al decir de Nisman. Aquello que políticamente dijimos en la oposición al Memorando de Entendimiento que fuera aprobado en febrero de 2013 y sancionado como Ley 26.843, fue encuadrado en la denuncia como un conjunto de delitos destinados a exculpar a los sospechosos iraníes frente a la justicia local.

No hay dudas sobre las negociaciones secretas y privadas previas a la firma del pacto. Solo algunas dudas respecto de su extensión, contenidos y motivaciones. Algunas de ellas quedaron develadas cuando, al no conseguir el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol, Irán perdió interés y lo sacó de la agenda parlamentaria y dejó pagando a nuestro Gobierno después de tanta exposición y tanta entrega absurda, inútil, ilegal e inmoral.

Hay que recordar que las cláusulas del Memorando (como la creación de la Comisión de la Verdad, integrantes, reglamento, etc.) recién comenzarían a cumplirse una vez que ambos países le dieran ratificación parlamentaria. El único punto (7) operativo, o sea de cumplimiento inmediato, era la comunicación a Interpol para resolver la única traba que preocupaba a los iraníes que era su movilidad trasnacional.

Corresponde a la Justicia la investigación a fondo y de manera trasparente, con absoluta independencia, de las tres causas centrales: el atentado de 1994, la denuncia sobre el plan para encubrir, y ahora la muerte del Fiscal Nisman. Al Poder Ejecutivo brindar todas las explicaciones necesarias y denunciar el pacto, absteniéndose de cualquier intento de ingerencia sobre la acción judicial. A los legisladores, discutir un nuevo esquema para tener un servicio de inteligencia profesional, confiable. A la política, reconstruir las instituciones democráticas para que los argentinos vuelvan a creer en ellas y para que el mundo vuelva a creer en la Argentina.

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