INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MILMAN EN EL RECINTO EL PASADO MIÉRCOLES

Gerardo Milman - GEN - FAP

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Milman.- Señora presidenta: se ha debatido mucho respecto de que hay jueces en nuestro país que evitan que se apliquen leyes sancionadas por este Congreso. En este sentido, deseo recordar una sesión que se celebró en el Senado de la Nación el 22 de abril de 2002, en la que una senadora señaló: “La norma en consideración, por sobre todas las cosas, además de inconstitucional es inútil. Inútil procesalmente porque le doy 48 o 72 horas para que un juez la declare inconstitucional…”.

Adscribo en esta sesión a las palabras de la señora senadora Fernández de Kirchner en aquella oportunidad.

También voy a adjuntar para que se inserte en el Diario de Sesiones una copia de la versión taquigráfica correspondiente a lo dicho de la misma senadora los días 21 y 22 de diciembre de 2005, página 114, donde reconoce que el artículo 114 diferencia a los consejeros electos por el voto popular de aquellos que representan a los magistrados y colegios de abogados.

Se nos ha enviado estos proyectos diciendo que venían a democratizar la Justicia. ¿Qué ha hecho este gobierno con la Justicia? Desde 2003 hasta la fecha ha designado el 54,8 por ciento de los jueces federales. De 730 jueces en ejercicio ha designado 431. Le quedan vacantes –o sea, juzgados que existen y sin nombrar? 183, lo que demora la posibilidad de acceso a la Justicia.

En Comodoro Py, de los siete jueces federales de primera instancia siete han sido designados por este gobierno. ¿Y cuáles son las características de este 54,8 por ciento de los jueces que ha designado? En su gran mayoría son funcionarios de más de diez años de carrera judicial, de la corporación judicial ?como dice el oficialismo?, esa corporación que vuelven a designar la supuesta democratización con el dedo y también con este Consejo de la Magistratura las autoridades de este Poder Ejecutivo y el anterior presidente de la Nación.

¿Qué jueces va a nombrar un Consejo de la Magistratura cuyos miembros sean afiliados a los partidos políticos, financiados por los partidos políticos, que vayan en las boletas de los partidos políticos? Seguramente serán consejeros justicialistas, consejeros radicales, consejeros socialistas, consejeros de otros frentes, consejeros conservadores, lo que resulte de esa elección en cualquier instancia del futuro del país. Entonces, ¿qué iremos a buscar: jueces que hayan sido designados por los consejeros del partido A, del partido B, para que nos beneficien? ¿Ese es el modelo? El modelo se puede cambiar.

Lo que deberían haber hecho es enviar una reforma de la Constitución. Se puede hablar en francés; podemos hacerlo, pero hay que reformar la Constitución, hay que conseguir los dos tercios de ambas Cámaras y convocar a una Asamblea Constituyente.

Por lo tanto, este proyecto de ley no democratiza la Justicia. Este proyecto de ley no va a lograr que los más pobres, los más humildes, los que no tienen, los jubilados, los que no pueden gastar dinero en grandes estudios de abogados, puedan tener un mejor servicio de justicia. Este proyecto de ley no va a conseguir en definitiva, que los ciudadanos participen como presagia nuestra Constitución Nacional, en un juicio por jurado para no absolver a funcionarios corruptos.

¿Cuál es el objetivo que persigue el gobierno? Desde mi punto de vista, son las causas en las que la Justicia no le ha dado la razón a este gobierno. Aquí hay un intento de una demagogia inconstitucional. Hay monarquías constitucionales, pero aquí vamos por un proceso inconstitucional. ¿Cuáles son los motivos? Proteger al ministro De Vido con las licitaciones, proteger a Jaime y los subsidios del transporte, proteger a Lázaro y el lavado; proteger a Baratta y el vaciamiento de YPF; proteger a Miceli y la bolsa; proteger al vicepresidente Boudou y los billetes; proteger a Echegaray y la ONCCA; proteger a López y la cajita de Schoklender; proteger a Capaccioli y el financiamiento con el narcotráfico; proteger a Tomada y la confluencia con la patota asesina sindical; proteger a él y a ella, que no pueden justificar el enriquecimiento en sus declaraciones juradas. Ese es el objetivo de esa norma, señora presidenta.

Viene el Poder Ejecutivo para robarse la Justicia, y aquí quiero, en esta época de religiosidad de la Argentina, citar el séptimo mandamiento, que dice “no robarás”.

Porque no queremos que se roben la Argentina, porque no queremos que se roben la Justicia, vamos a votar en contra de este proyecto. (Aplausos.)

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