El kirchnerismo completa el combo de la impunidad

Omar Duclós

Lo afirmó Omar Duclós, Diputado del GEN-FAP y Secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

“El oficialismo se apresta a completar la sanción del último proyecto del paquete denominado ‘democratización de la justicia’, referido al ingreso del personal al Poder Judicial, en el que nuevamente bajo la consigna de ‘ingreso democrático e igualitario’ se aprobará una norma gatopardista que en la práctica nada cambia, por el alto grado de discrecionalidad que queda reservado en la organización de los concursos y en las facultades de selección que tendrá el funcionario que promueva una designación”, aseguró Duclós.

“La evaluación de los aspirantes se hará a través de concursos que ponderan de manera desproporcionada las pruebas de oposición respecto a los antecedentes, que constituyen el criterio más objetivo. A su vez, ordenado el listado de mérito, el funcionario designante tiene facultad de promover la designación de cualquier aspirante entre los primeros veinte, tornando ilusorio el respeto del criterio del mérito, base de la supuesta democratización del acceso al empleo judicial, ya que puede darse que los que han alcanzado el mayor puntaje queden postergados y nunca sean designados”, expresó Duclós.

“Recordemos que ya fueron sancionadas y promulgadas las leyes del mismo paquete, que pueden separarse en dos grupos: los más perjudiciales, la modificaciones al Consejo de la Magistratura y las restricciones para el ejercicio de las medidas cautelares. En el primer caso, en nombre de la ‘democratización de la justicia’ se busca someter al poder Judicial, a través de la mayoría automática que tendría el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, para manejar discrecionalmente la designación y remoción de los jueces y, de ese modo, garantizar impunidad al Kirchnerismo y sus empresarios amigos.

En el segundo caso, en nombre de la ‘ampliación de derechos’ que declama permanentemente el oficialismo, se otorgan más prerrogativas al Estado, poniéndoles plazos restrictivos a las medidas cautelares que no se condicen con la duración de los juicios donde se discute la cuestión de fondo, lo que significa dejar en situación de desprotección al ciudadano frente a la arbitrariedad del Estado”, detalló Duclós.

“Al mismo tiempo, como maquillaje de dichos proyectos verdaderamente dañinos para el Estado de Derecho, se promovieron otros también con títulos atractivos pero que nada aportan a mejorar el servicio de justicia o a asegurar transparencia en el Estado. La publicidad de las Sentencias Judiciales, con la injustificable exclusión de las sentencias de la Cámara de Casación Penal y de los juzgados de primera instancia; la publicidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios, con el retroceso dado por la disminución de datos exigibles para evaluar seriamente la evolución del patrimonio; la creación de nuevas Cámaras de Casación, sumándose una nueva instancia, lo que significa más demoras en resolución de los juicios, especialmente gravoso para los sectores más débiles como trabajadores y jubilados y finalmente el que se trata en el día de la fecha respecto al Ingreso al Empleo Judicial”.

“En la misma sesión también se completa ‘el combo de la impunidad’ con la sanción de la ley que autoriza el blanqueo de capitales, iniciativa que ha merecido también el categórico rechazo del Frente Amplio Progresista, con reproches referidos a la puerta que se abre para el ingreso de capitales de origen espurio vinculado al crimen organizado y la falta de equidad impositiva, ya que no se exige el cumplimiento de ninguna obligación fiscal, lo que constituye una señal muy negativa para los contribuyentes que hacen un esfuerzo para cumplir con el pago de impuestos. Todo ello además en momentos en que ventilan en nuestro país distintos casos escandalosos de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios amigos del poder, seguramente usufructuarios del blanqueo que se habilita”, sentenció Duclós.

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