El Estado debe asumir cada uno de sus actos

Por Gerardo Milman DIPUTADO NACIONAL (GEN-FAP)


Frente a una situación de conflicto de intereses entre los designios del Estado y las acciones u omisiones del mismo que afectan negativamente a determinados ciudadanos: ¿quién debe prevalecer?

¿Cuál es el límite a la acción estatal y hasta dónde llegan sus responsabilidades frente a la ciudadanía?

Este ha sido y continúa siendo un debate apasionante desde que en Gran Bretaña, el rey Juan Sin Tierra no tuvo más remedio que promulgar la Carta Magna (1215). Cuando se gobierna, ¿qué debe pesar más: el interés de las partes o del todo? Cuando el Estado genera daños a los particulares, ¿hasta qué punto estos pueden ser justificados en nombre de la razón de Estado y, por lo tanto, quedar exentos de culpa? Parece lógico que el Estado, al actuar, choque inevitablemente con intereses que, por pertenecer a un individuo o a un grupo de ellos, deban ceder en beneficio de la colectividad.

Pero esa cesión de intereses por parte de la minoría no puede quedar desamparada.

Por eso, lo que pretende la teoría de la responsabilidad del Estado es hacer cargo a éste y a los funcionarios de los actos de gobierno y con ello limitar el accionar de aquellos con el fin de proteger los derechos individuales de los administrados.

Cuando el Estado no presta un servicio como corresponde, ¿a quién hay que sindicar como responsable: a la institución o los funcionarios?

Cuando un accidente ferroviario evitable provoca 51 muertos, ¿quién debe “pagar”? ¿El Estado, la empresa contratista, los funcionarios encargados de velar por la seguridad del transporte …?

Lamentablemente, en la Argentina todos juegan al Gran Bonete y ni si quiera al “paga Dios”: las desgracias las termina purgando la gente.

En nuestro país la disputa de enfoques entre administrativistas y civilistas viene dejando a los ciudadanos en una ciénaga legal que la Corte Suprema ha intentado cubrir siempre con sus fallos. Mientras tanto, todos somos víctimas potenciales.

La propuesta del anteproyecto de reforma del Código Civil enviada al Poder Ejecutivo ha sido modificada por éste. Mientras los expertos proponían un régimen claro de responsabilidades concurrentes (Estado y funcionarios son “la misma cosa” a efecto de la responsabilidad), los legisladores del oficialismo proponen profundizar la vía de la responsabilidad difusa, es decir, inexistente. De este modo se garantiza la impunidad de los funcionarios manteniendo la capacidad absolutista del Estado (es decir de los monarcas) de gobernar a su antojo, o sea, irresponsablemente . Para desatar este nudo de impunidad, urge profundizar lo dispuesto por el Código Civil, no dejar al libre albedrío a las provincias para que sancionen leyes propias e imaginar una ley autónoma de Responsabilidad del Estado que, acompañando al Código, refuerce su sentido.

Fuente Clarín

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