FRENTE A LA EXPROPIACIÓN COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VALORES S.A. (EX CICCONE CALCOGRÁFICA)

22/08/12 – Por Margarita Stolbizer


Sentimos que hoy en la sesión algo se resquebraja, que la unidad de funcionamiento de esta Cámara ha sido puesta en crisis por la necesidad de saldar rápido y monolíticamente un debate que para nosotros ha quedado trunco. No creo que todos quienes votan afirmativamente compartan argumentos ni crean que esta forma es una buena salida.

Me refiero a la citación a una sesión especial, sorteando el procedimiento ordinario, la no aceptación de debate previo ni presencia de funcionarios para dar a este tema un tratamiento de urgencia y despacharlo en pocas horas.

1. LA DISCUSION DE LO FORMAL HOY SE HA VUELTO SUSTANCIAL.

Sentimos el abuso y el atropello desde la forma, que pone en evidencia la sin razón.
Adulterar los términos reglamentarios, el funcionamiento legislativo y constitucional para la sanción de las leyes y la antojadiza interpretación de normas, datos y hechos, pone de manifiesto que han vuelto a elegir el camino del atajo renunciando a la legalidad.

El tratamiento del proyecto enviado por el PEN, QUE VOTAMOS NEGATIVAMENTE, no puede ignorar ni soslayar la existencia de una causa judicial penal en la que se investigan los hechos, personas y contratos que han estado en juego en los últimos años en la fabricación de billetes.

Nosotros tenemos la suerte de no tener que pasar la vergüenza del imputado presidiendo sonrientemente la sesión. Pero abajo de este expediente existe esa investigación que involucra al Vicepresidente de la Nación por su gestión como Ministro de Economía y la existencia de delitos varios relacionados con el tema que nos ocupa.

No somos ni queremos ser tribunal de juzgamiento. No hemos compartido la conformación de comisiones investigadores para auto asignarnos funciones jurisdiccionales. Pero lo que no se puede es ignorar la vinculación que este expediente de expropiación está teñido de sospecha, como lo está la empresa que el estado se propone expropiar.

Ya le han propinado un duro golpe a la credibilidad de la Justicia, con el costoso saldo de una defensa que dejó en el camino al Procurador, un Juez y un Fiscal.

¿No hubiera sido mejor, más honesto, explicar… que obligarnos bajo la presión y el abuso del poder mayoritario a tratar este proyecto, que nada tiene que ver con los que de buena fe, y en otro contexto, y con otras intenciones han presentado varios colegas en este Congreso?

La pregunta entonces, es cuál ha sido la diferencia entre aquellos y este proyecto. Una diferencia es la intención. Mientras aquellos buscaban una salida propositiva a la crisis de los billetes, éste busca impunidad.

2. LO QUE SE BUSCA ES PONER TODO BAJO UN MANTO DE OSCURIDAD QUE PERMITA INVISIBILIZAR LA NEGRURA DE LO QUE QUEDA ABAJO. ¿Qué es lo que expropiamos? ¿A quién le expropiamos?

Se busca hacer desaparecer una empresa para borrar cualquier vestigio de sus vínculos con altos funcionarios del Gobierno. La confusión de patrimonios, personas y funciones terminará disimulando las huellas profundas de los que anduvieron cerca.

Esas huellas tienen nombres demasiado conocidos en esta historia.
No es cierto que no se conozca a los dueños o titulares, representantes o apoderados de la empresa. El problema es que se los conoce.

Amado Boudou, siendo Ministro de Economía (allá por el 2010 y cuando nosotros comenzamos a advertir y a denunciar el comienzo de una maniobra para vaciar la capacidad operativa y productiva de la Casa de la Moneda), vio en la fabricación del dinero, un negocio de varias puntas, para lo cual fue el autor intelectual de la preparación de las condiciones que permitieran reportar buenos dividendos a un núcleo definitivamente propio. Lo que no contaron muchos de los que acompañaron, y se constituyeron en partícipes necesarios del hecho, era la torpeza por voracidad con que se pretendía llevar adelante, ese negocio.

El reconocimiento que el propio Alejandro Vandenbroele hace de su carácter de Director y Presidente de las firmas The Old Fund y de la Compañía de Valores Sudamericana, nos pone frente a la principal evidencia de su responsabilidad directa.

Vandenbroele ha sido sindicado por su propia esposa como el testaferro del Vicepresidente de la Nación, en una declaración que no merece duda ni reproche. Tal vez porque la propia investigación judicial condujo también a determinar que Vandenbroele pagaba las expensas y otros servicios en un departamento en Puerto Madero de propiedad de Boudou y cuyo alquiler él mismo reconoció haber gestionado.

Vanderbroele es la cara visible de la empresa beneficiada por una decisión directa y personal del entonces Ministro de Economía según instrucciones dadas al Director de la Afip, Ricardo Echegaray, según dichos y documentación exhibida por este mismo funcionario.

Vandenbroele es quien en abril de este año firmó con la Casa de la Moneda y el Banco Central, un “contrato de locación de capacidad productiva”, en representación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), la misma contratada por el Estado hace cuatro meses, a la cual ya le deben haber pagado 40 millones por impresión de billetes de los 160 millones que se le prometieron.

Vandenbroele es además el titular o representante de The Old Fund, un fondo de inversión holandés que ya ha pasado por tantas manos y denominaciones y empresas sospechosas y personajes siniestros, que cuesta seguir el rastro. Pero que fue la encargada de pagar en el 2010 en millones en efectivo (operaciones sospechosas nunca registradas o investigadas por el sabueso de la UIF) para aquel levantamiento de la quiebra a la que accedió Ciccone por los privilegios que le otorgaron Boudou y Echegaray.

Aparece entonces en escena otra firma llamada London Suply (contratista del estado en aeropuertos del sur) y la Searen S.A. Y ahora resulta que estas son propietarias del departamento donde ahí sí, vive nuestro Vicepresidente.

Pero no es todo. Vandenbroele, el monotributista beneficiado por el Ministro Boudou y el Director Echegaray, a través de su empresa The Old Fund también ha pagado de manera directa y comprobada varios viajes al exterior del hermano vicepresidencial don Juan Boudou.

En el medio, como si fuera poco, un jubilado que dice haber recibido $ 200 por prestar su nombre para la constitución de la empresa.

Ninguna de las empresas ni el empresario mencionado reunía las condiciones para ser contratistas del Estado.

Pero los amigos funcionarios de Vandenbroele no son solamente Boudou, Echegaray y Daura. Porque también en el Ministerio de Justicia, se llamaron tres licitaciones dirigidas para que fueran ganadas por su empresa y dejadas sin efecto por el Ministro Alak porque no pudo ganarlas.

Demasiados cabos sueltos para que puedan ser ignorados cuando tratamos un expediente por el cual el Estado pagará a la Compañía de Valores Sudamericana, sin duda, en la persona de don Alejandro Vandenbroele, ahora por expropiación, algo más de lo que antes pagó por contratación. Hace 4 meses, en el país del “nomeacuerdo”. El Estado le pagará a este señor, y nadie será responsable de nada. Cuando los funcionarios paguen sus errores o abusos con su propio patrimonio, tal vez el estado empiece a perder menos que ahora.

No es verdad como ha dicho el actual Ministro de Economía Lorenzino, que la expropiación “no le saldrá un peso al Estado”. Es una burda mentira que pretende hacernos pasar por tontos. El Estado paga de manera directa según disponga el tribunal de tasaciones, o paga perdiendo por compensación tal cual lo dice el proyecto que el oficialismo está dispuesto a aprobar.

Si a esta altura mis colegas diputados no se han escandalizado suficiente, creo que el kirchnerismo ha logrado ya su cometido: hemos naturalizado la trampa y estamos a punto de perder la vergüenza.

3. NO HAY SOBERANIA MONETARIA EN JUEGO. O POR LO MENOS, NO HAY DISCUSION SERIA POR EL CAMINO ELEGIDO.

La soberanía no radica en una proclama mentirosa divorciada de los hechos que sostiene. La nación es soberana sí y solo sí todas las personas pueden ejercitar sus derechos fundamentales en el marco de instituciones que los garanticen, con división de poderes e independencia de la justicia.

¿Qué implica la soberanía monetaria? ¿No sería mejor atender la inflación (tan ausente de la agenda oficial, tan negada y mentida como la inseguridad) para que nuestra moneda, nuestro peso, deje de perder valor y sea realmente soberano?

Claro que es el Estado el que debe emitir o imprimir billetes. Nada estamos descubriendo. ¡Pero para que el Estado recupere soberanía (como dicen) lo que hace falta es que los que se la sacaron se la devuelvan!

Y para eso no hace falta expropiar. Solo hace falta voluntad y decisión política, desarmar negocios y fortalecer la Casa de la Moneda y el Estado.

Se ejerce la soberanía solo con querer hacerlo.

El único obstáculo al ejercicio de la soberanía monetaria ha sido la decisión de este gobierno que, después de sucesivas tercerizaciones y privatizaciones de la función propia del Estado, a través de la Sra. Daura le dijo en enero de este año al Banco Central que “debían” contratar a Ciccone.

La declaración de utilidad pública bien se podría utilizar entonces para rescindir lo que parecen haberse arrepentido de haber firmado, hace solo cuatro meses.

No queremos plantarnos en contra de un proyecto del gobierno simplemente como parte de un ejercicio repetido de oposición. Estamos en contra de este proyecto porque encierra una mentira. Porque no hay soberanía monetaria en juego. Y porque las cosas pueden y deben hacerse bien.

Por eso, nuestro Interbloque en su conjunto (aun con diferencias en cuanto a la consideración del proyecto del PEN) reivindica la fabricación de monedas y billetes como una función propia, exclusiva e indelegable del Estado Nacional. Y bien podemos decir esto en una ley del Congreso. Y así lo hemos propuesto en el Proyecto de Ley No. 5678, en el que también definimos que es el Banco Central y la Casa de la Moneda quienes deben tener a su cargo todas las tareas propias de la emisión monetaria, y proponemos la creación de un Consejo técnico asesor compuesto por representantes de todos los poderes, de la auditoria, las universidades y los consejos profesionales de ciencias económicas. Y creemos imprescindible que este Congreso vaya con decisión un paso más allá para derogar la ley 21622 firmada por el dictador Videla y en la que se sostiene todo el funcionamiento actual de la Casa de la Moneda, lo que constituye un agravio a la memoria y la justicia.

Las cosas pueden hacerse bien. Pueden construirse consensos y definirse políticas de estado. Si se renuncia al atropello y se emprende un camino de honestidad, transparencia y confianza.

Pero sin embargo,
4. NADA DE LO QUE SE HAGA O SE DIGA VA A CERRAR SI LA PRESIDENTA Y SUS FUNCIONARIOS SIGUEN HACIÉNDOSE RICOS DE LA NOCHE A LA MAÑANA EN UN PAÍS DONDE MILLONES PELEAN CADA DÍA POR SU SUPERVIVENCIA.

Porque este caso ha puesto en evidencia la doble moral del gobierno y el relato como imagen sin contenido, o con la letra equivocada.

Ciccone es la muestra de la diferencia entre la hermandad de la secta (que todo lo acompaña, callada y cómplice) y la fraternidad política que se referencia siempre como la ética de lo colectivo.

No hay ética privada ni reservas morales que importen, pero en la política sobre cualquier otro orden, existe una ética de valores compartidos, que no declama con hipocresía sobre el rol del estado que ha sido desguazado por los mismos que proclaman.

Ejemplaridades e igualdad de trato son ejes reguladores de la convivencia social en democracia.

Pueden ganar la votación, cuando no importan las razones sino las manos en alza. Pueden sancionar las leyes que les gusten, sin tener que dar explicaciones.

Hay que salir de lo coyuntural para definir un marco a futuro que garantice el rol y la soberanía del estado, para que ustedes puedan ser parte de un gobierno más fuerte y todos podamos tener una nación más creíble.

FRENTE AL DECRETO 1338 DE INTERVENCION DE LA COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA:

Fijamos una posición conjunta de todos los Bloques (PS, UP, Frente Cívico, Libres del Sur y GEN):

  • Existen razones constitucionales respecto de la forma y del fondo de la cuestión que definen nuestro voto negativo.
  • No existen las razones de excepcionalidad que la Constitución exige para habilitar la atribución del PEN para dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia.
  • No hay sustento jurídico-legal en una medida arbitraria como es la intervención de una empresa privada sin justificación práctica ni de urgencia, y al margen de la actuación de la justicia.
  • No reconocemos autoridad para intervenir a los mismos que hace solo cuatro meses contrataron a la misma empresa, habilitándole un crédito de más de 160 millones de pesos.
  • Rechazamos la designación del Ministro de Economía Lorenzino y la presidenta de la Casa de la Moneda Daura, sobre quienes tenemos lógicas objeciones fundadas en lo que ha sido su participación directa en el proceso de contratación de Ciccone y el otorgamiento de posiciones de privilegio, mediante sospechosas actuaciones.
  • Lorenzino dijo que no le costará ni un peso al Estado. Y lo cierto es que terminaremos pagando varios cientos de millones por su negligencia, mala praxis o complicidad con el negocio.
  • Daura le dio en enero la orden al Banco Central para que se contrate a la ex Ciccone, abriendo la vía de rentabilidad del negocio que pagaremos entre todos.
  • Todas estas maniobras se sostienen en el marco regulatorio de la Ley 21.622, ya que la expropiada pasará a la Casa de la Moneda. Hubiéramos preferido mayores esfuerzos para avanzar en un nuevo marco regulatorio más serio y transparente y que derogara definitivamente y sustituyera esa ley firmada por Videla.
  • Los interventores tienen una estrecha vinculación con el principal responsable y sospechoso de todas las maniobras que denunciamos y que investiga la Justicia. Se pone al zorro cuidando las gallinas. Se pone al Vice cuidando los billetes.
  • No aceptamos sectas que toman el estado por asalto, se auto asignan privilegios que los distinguen del resto de los mortales y los ponen más allá de la justicia. Allí está ahora este ex militante de la UPAU y la UCD, que reivindicaba el terrorismo de estado y hoy ha devenido en el Isidoro Cañones de nuestro tiempo.

Sobran las razones para oponernos al Decreto de Intervención que consuma el escándalo de la expropiación.

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