Hace casi 21 años la República Argentina sufrió una herida enorme que aún se encuentra sin cerrar: el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, llevándose la vida de 85 personas. Se sumaba al anterior que había sido perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Ambos siguen sin obtener una respuesta de verdad y justicia, lo que acrecienta dolor e indignación. Fuimos testigos de gobiernos e investigaciones judiciales erráticas: pista siria, conexión local, célula dormida de origen libanés, ataque iraní. Cada bomba estalló de lleno en nuestro sistema institucional, en nuestra soberanía y puso en crisis a la política y a la justicia.
Fue el ex Presidente Néstor Kirchner quien designó a Alberto Nisman como fiscal a cargo de una Unidad Especial de Investigación del atentado, poniendo a su disposición agentes de la inteligencia a los que por entonces reportaba como de su confianza. El proceso judicial no alcanzó resultados satisfactorios y también registró idas y vueltas, decisiones ilegales y encubrimientos. Lo más importante ha sido la declaración del atentado como delito de lesa humanidad y la calificación como genocidio por el juez de la causa.
Sin embargo, el mismo gobierno que dice haber hecho más en la investigación, produjo un giro de 180 grados cambiando su posición en plano local e internacional, y firmó el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán, aprobado con sospechosa celeridad por la mayoría oficialista en el Congreso Nacional. El gobierno produjo así un quiebre profundo mediante una claudicación rechazada por la mayoría del pueblo argentino, por la totalidad de las fuerzas políticas opositoras y el conjunto de organizaciones judías. Posteriormente sería declarado inconstitucional.
Vale la pena recordar que el Pacto firmado con Irán requería aprobación parlamentaria para entrar en vigencia. Salvo, un único punto, el 7, que tenía carácter operativo, y se consumaría con el solo envío de una carta a Interpol para el levantamiento de las notificaciones rojas que pesaban sobre los prófugos iraníes. Este era el único punto de interés real que el país acusado de planificar el atentado tenía en la celebración del acuerdo. Y por eso, y pese a su aprobación en Argentina, en cuanto se trabó el mencionado trámite, (ya que por el reglamento de Interpol la autoridad que debía disponer el levantamiento de las circulares rojas era la misma que las había pedido –el juez de la causa-), Irán lo eliminó de su agenda parlamentaria. Queda en el medio la discusión sobre los otros móviles que las partes tuvieron en mira para firmar, el comercio de petróleo, granos o incluso armamento de distinto tipo.
Nisman denunció pocos días antes de su muerte que ese Pacto era solo una parte de las amplias negociaciones secretas y públicas que nuestro Gobierno había realizado con Irán. Y que por detrás de todas ellas existía “un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina … Esa confabulación (dice la denuncia) ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y puso en cabeza de esta planificación a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al Canciller Héctor Timerman, entre otras personas indicadas como operadores del acto criminal.
Se han tejido demasiadas conjeturas en torno a la contundencia de lo denunciado, a la sustentabilidad de las pruebas. Y hasta sería opinable si todo ello junto constituye un delito. Pero el Fiscal actúo dentro del cumplimiento del deber que le cabía en su condición de funcionario que accedió a una cantidad de información y que en su convicción debía necesariamente ser plasmada en una denuncia para abrir una investigación sobre los hechos y las responsabilidades penales que pudieran corresponder y que finalmente serán determinadas en el proceso judicial. El fiscal cumple con su rol de formular denuncias. Los jueces luego deciden si dan curso o no a su denuncia. Sin embargo, la condena política del gobierno y sus medios de comunicación quiebran un mecanismo central de toda democracia: la denuncia. La muerte de Nisman muestra que en nuestra democracia denunciar al poder puede significar la muerte. Este es uno de los datos políticos más graves de lo sucedido.
La investigación del Fiscal Nisman sobre el atentado a la AMIA y los hallazgos que lo llevaron a la convicción de la existencia de un plan criminal para la impunidad de sus principales acusados, fueron la causa directa de su muerte. Por eso, describimos su muerte, como un “Crimen de Estado”, porque ha sido perpetrado por intereses ligados directamente al Estado y que desde ahí debe concebirse una respuesta. Las implicancias en términos políticos, jurídicos, sociales y culturales, tanto en el plano nacional como internacional, transforman a esta muerte en un Asunto de Estado que debe ser resuelto de manera rápida, convincente y cristalina por el estado. Nisman investigaba el acto de terrorismo -y contra nuestra soberanía- más grave de la historia nacional. Su desaparición sólo favorece a quienes, desde hace más de 20 años, no quieren que sepamos la verdad.
La sociedad demanda una respuesta institucional ante los tres procesos judiciales: a) el atentado a la AMIA, cuya dilucidación se encuentra pendiente; b) la grave denuncia del fiscal sobre el plan de encubrimiento; c) la muerte del Fiscal. Sobre esto último queremos expresar nuestra preocupación y condolencias a familiares y allegados, y exigimos que se esclarezca de inmediato de manera indubitable. ¿Si este magnicidio no se esclarece qué esperanza nos queda de que se dilucide el atentado a la AMIA?
Lo temerario, digno de un gobierno totalitario, es que se cargue contra la víctima, como buscando en ella las razones y hasta la justificación para su muerte. El “algo habrán hecho” de la dictadura militar (usado también como auto justificación de la sociedad que toleraba), tiene su parangón en las distintas expresiones desde la propia Presidenta, buscando en actos personales del Fiscal la explicación del desenlace de su muerte. (del “post” realizado por la Presidenta en Facebook: “¿Quién fue el que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1º de enero y debían finalizar más allá del 20?”. En este marco, YA NO ES EXTRAÑO, aunque delirante y más temerario aún, que Aerolíneas Argentinas y la agencia Telam, den a conocer el itinerario personal del viaje del periodista Damian Pachter.
Este crimen de Estado, trasciende lo temporal, pero no podemos dejar de señalar responsabilidades del aquí y ahora, por lo que, los tres poderes del Estado, deben actuar con firmeza y eficacia para el esclarecimiento del hecho que hoy golpea al sistema democrático y provoca gran desasosiego social. Debemos asumir con prudencia y seriedad el progreso y seguimiento de estas investigaciones, aportando cada uno lo que institucionalmente nos corresponde. En este sentido, proponemos y sugerimos:
A la Corte Suprema de Justicia de la Nación
1.La supervisión y coordinación bajo los principios de CELERIDAD, INDEPENDENCIA y TRANSPARENCIA, de las tres causas arriba mencionadas. La preservación de equipos, documentos y pruebas; así como la asignación de personal y recursos necesarios para garantizar eficacia y resultados. Para ello proponemos la conformación de una Comisión Especial independiente, conformada con personas de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional, en particular para seguir la causa de la muerte del Fiscal.
2.Establecer mecanismos de acceso a la información pública de todo lo actuado en el marco de la justicia para estos procesos judiciales, asegurando un mecanismo de transparencia y accesibilidad.
3.Impedir cualquier decisión, injerencia o designaciones que afecten el proceso judicial, debiéndose investigar la existencia de irregularidades en los concursos y declarar la nulidad de todas las designaciones que se hayan hecho sin cumplir las formalidades. No ha sido neutro durante los últimos meses cada intento de intromisión del Poder Ejecutivo a través de la Procuradora General, para que las investigaciones penales del fuero federal puedan ser controladas por militantes afines al gobierno y obturar cuando corresponda el avance de los casos en que se ven implicados funcionarios.
Al Gobierno Nacional:
1.Exigimos a la Presidenta de la Nación y a todo su Gabinete que se abstengan de interferir de manera directa o indirecta en las investigaciones, ordenando de inmediato el apartamiento de todos aquellos que, bajo el pretexto de actos funcionales, se imponen en el escenario afectando la confiabilidad en el proceso.
2.Solicitamos a la Presidenta de la Nación brinde una explicación clara sobre los hechos y sobre la posición del gobierno en torno a todos estos episodios y el rumbo que se pretende.
3.Poner a todos sus funcionarios en disposición brindar las explicaciones que se les requieran por parte de la Poder Judicial y del Congreso de la Nación, contribuyendo a brindar claridad y transparencia sobre los hechos; así como en el debate necesario para la recuperación de la confianza en nuestras instituciones democráticas. Resulta imprescindible evaluar las gestiones y omisiones de la Ministra y el Secretario de Seguridad, exigiendo su remoción.
Al Congreso de la Nación:
1.Garantizar el funcionamiento a pleno del poder legislativo, mediante la citación de todos los funcionarios que deban rendir explicaciones; y en particular convocar con urgencia a la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos y actividades de inteligencia, para cumplir con sus objetivos reglamentarios.
2.Recomendar al Poder Ejecutivo la denuncia del Pacto firmado con Irán para frenar su ejecución y para que la justicia nacional recupere sus plenas competencias en la investigación del atentado a la AMIA, evitando la impunidad de los sospechosos.
3.Abordar un debate necesario sobre la democratización de los servicios de inteligencia. Para eso es necesario disolver la actual Secretaría del área y abrir una deliberación profunda con las fuerzas políticas y sectores académicos. Un gobierno democrático y transparente no necesita servicios de espías para carpetear, extorsionar, perseguir o manejar gastos reservados exorbitantes. Hay que salir del secretismo y la falta de controles. Necesitamos un cuerpo profesional, de funcionamiento transparente para prevenir y perseguir el crimen complejo y organizado. Hacemos responsable al gobierno por mantener durante más de una década un sistema de inteligencia del cual se sirvió para hacer política, convalidando mecanismos mafiosos de espionaje interno y por haber introducido de manera ilegal el accionar de los militares en el ámbito de la inteligencia interna.
Desde el Partido GEN asumimos el compromiso para participar de todos los debates y acciones que correspondan hacia la recuperación de las instituciones del estado de derecho, para garantizar la vida y una pacífica convivencia como condiciones fundamentales para un desarrollo sustentable con igualdad de oportunidades, pensando en las generaciones presentes y futuras.
Buenos Aires, enero de 2015.
MARGARITA STOLBIZER – PRESIDENTA
FABIÁN PERALTA – VICEPRESIDENTE
En el día de hoy, sábado 6 de agosto, el grupo de mujeres del partido GEN se reunió en la sede de Riobamba 67 para elaborar estrategias de apoyo a la iniciativa presentada por la presidenta del espacio, Margarita Stolbizer respecto a la paridad de género. El proyecto modifica el artículo 60°bis del Código Nacional Electoral. Promoviendo que para la oficialización de las listas, se deberán integrar por sexo de manera intercalada de uno en uno, desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente. Requisito aplicable a todos los cargos electivos, incluyendo a los convencionales constituyentes nacionales.
