FUNDAMENTACION DE LA DIPUTADA MARGARITA STOLBIZER
La audiencia pública es el mecanismo para confrontar argumentos que permitan evaluar la gestión de un organismo (la Unidad de Información Financiera –UIF) y de un funcionario (José Sbatella) que ejerce la titularidad hace cuatro. Dicha evaluación debe estar orientada, entonces, a analizar dos requisitos mínimos: a) el cumplimiento del organismo respecto de las funciones y deberes que la ley le impone; b) que el funcionario (en este caso aspirante a un nuevo mandato) no se encuentre sospechado de la comisión de delitos.
Evaluación: La UIF debió haber cumplido cuatro objetivos estratégicos básicos que se enumeran a continuación. Adelanto que no fueron cumplidos, que el responsable de ello es el titular del organismo y que, por tanto, no solo debe ser rechazada su candidatura, sino que debería ser de inmediata apartado de su cargo.
Objetivos de la UIF:
- Coordinación con otros organismos estatales para una acción eficaz. Debió producir resultados para facilitar la acción judicial y la condena del delito de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas en el territorio nacional. La UIF debió ser el punto nodal en la lucha contra el lavado de dinero. Se han hecho muchos diagnósticos sobre la necesidad de coordinar registros con provincias, AFIP, etc. No hay resultados concretos; no hay información sobre acciones interjurisdiccionales o interregionales. Ello ha redundado en la baja calidad de los reportes.
- Desempeño efectivo de su responsabilidad primaria, o sea, la detección y denuncia con pruebas judiciables de operaciones de lavado de dinero. Aquí se observa una total inoperancia en lo que era su función específica, retardo en el procesamiento de los reportes de operaciones sospechosas. No logran detectar nada, ninguna organización delictiva de lavado, ni las actividades vinculadas con el narcotráfico nacional e internacional ni las derivadas de la corrupción de funcionarios. Todo lo que existe a la vista de todos, no es detectado por la oficina que tiene esa tarea a su cargo. Las organizaciones criminales se ríen de esta inoperancia y a nosotros nos causa estupor. La UIF, que ha triplicado su presupuesto y su personal, ha estado ausente, ha sido absolutamente ineficaz.
- Acción inmediata de denuncia de cualquier ilícito observado en el desempeño de sus funciones. En este punto la situación es muy grave. Casos relevantes de narcotráfico demostraron al titular de la UIF demorando acciones, obstruyendo o dificultando la acción de las fuerzas policiales y judiciales por la falta de información oportuna. En los casos de corrupción, la inacción ha sido mucho más evidente e intencional. Caso Madres de Plaza de Mayo: la UIF recibió un reporte de operación sospechosa en el año 2010 que recién despachó en junio del 2011 cuando el caso había tomado notoriedad pública. Caso Báez: desde el 2010 la UIF había comenzado a recibir reportes de operaciones sospechosas de las empresas vinculadas con Lázaro Báez (Austral Construcciones SA y Epsur SA) y solo después de que el caso tomara trascendencia pública (año 2013) los remitió a la justicia para que lo investigara por lavado de dinero. Caso Boudou: la existencia de empresas y fondos sobre los que no se conocen integrantes, responsables, pero que han realizado comprobadas transferencias de dinero en efectivo sin control sobre su origen, como en el caso de la sociedad The Old Fund, titular Alejandro Vanderbroele. Un funcionario que no opera como debe, conforme a las reglas del estado de derecho no puede dirigir ningún organismo estatal. No hay política de gobierno que pueda dejar de lado el código penal o la constitución. Sbatella ha pasado a ser, por este motivo, de manera personal, reprochable penalmente. Hay obligación de denunciar delitos bajopena de incurrir en encubrimiento u otros delitos. La falta de denuncia es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, como conducta sancionada en el código penal. Sbatella no operó con esta regla básica durante los cuatro años de gestión a cargo justamente del organismo encomendado para esas investigaciones. Lo peor, es que ello ha tenido una clara intencionalidad: tapar las maniobras de funcionarios del poder a quienes Sbatella no denunció. Y por esose encuentra él mismo denunciado, incluso por pedir a terceros obligados que no denuncien operaciones sospechosas, como durante los blanqueos propiciados por este gobierno. Tampoco denunció operaciones de lavado de actores privados vinculados al gobierno. No cumplió con los deberes a su cargo.
- Conformar una red internacional de países nucleados en el GAFI donde el lavado de dinero no sea una práctica aceptable. Argentina ha sido sancionada hace varios años con su inclusión en la “lista gris” que observa con preocupación a los países que han dejado dudas respecto de sus compromisos en la materia, lugar del que no ha salido pese a las recientes y múltiples modificaciones legales, reglamentaciones administrativas, entre otras acciones. Sbatella no logró sacar a la Argentina de ese lugar, porque nuestro sistema y nuestra UIF no es confiable en el plano internacional. Estar en esa lista implica costos reputacionales (falta de confiabilidad institucional y económica) y financieros (por el aumento de la prima de riesgo que paga en créditos internacionales). Las directivas del GAFI no fueron seguidas para luchar contra el lavado de dinero, sino que fueron utilizadas para restringir libertades y derechos de los ciudadanos como fue la ley antiterrorista.
Como conclusión:
Sbatella carece de idoneidad, no se ha desempeñado con capacidad para cumplir los objetivos del organismo que dirige. La UIF actuó encubriendo e incumpliendo con los deberes asignados por la ley, sea por denuncias extemporáneas o por la falta de denuncias cuando correspondía, y sobre todo en los casos de actores que forman parte del gobierno o de su círculo de vinculaciones privadas. La gestión de Sbatella ha sido un apéndice de la estrategia del gobierno nacional para encubrir funcionarios, en lugar de producir información para que el Poder Judicial pudiera investigarlos.
La persecución del delito de lavado de dinero es una forma de atacar los delitos más graves. Más lavado es más delincuencia, crímenes, inseguridad y violencia. Lejos de los resultados esperados, lo que tiene hoy la Argentina es más delitos y más cuevas donde los delincuentes esconden sus dineros a través de las operaciones de lavado que Sbatella y la UIF debían detectar y denunciar.
La mediocridad del organismo y de su titular han sido determinantes en el fracaso de su gestión que calificamos como deficiente. Frente a las leyes de blanqueo (una verdadera amnistía fiscal) nada ha dicho ni hecho Sbatella, sino al contrario. No cumplió con ninguno de los objetivos ni de los deberes a su cargo. De qué sirve la lucha contra el lavado de dinero, de qué sirven tantas proclamas o buenas intenciones si todo se desvanece por el fracaso en la acción de la agencia que debió detectar y denunciar y que, en cambio, terminó estando al servicio del ocultamiento y la protección de funcionarios?
No se puede premiar la mala gestión. Debemos promover una cultura de la idoneidad, la eficiencia y la transparencia. Mostrar voluntad política firme y eficaz para combatir los delitos más graves.
La responsabilidad de presidir la UIF debe recaer en una persona con curriculum y conductas intachables. Y éste no es el caso. De este modo, damos por fundada nuestra impugnación para que José Sbatella sea designado nuevamente en el cargo.